La comunidad de Frontera
Corozal perteneciente el Municipio de Ocosingo, Chiapas se estableció en
1976 como un acuerdo de las autoridades agrarias con ciertos núcleos
irregulares de lacandones y tzetzales con el objetivo de formar parte de la
comunidad lacandona. De esta forma la comunidad lacandona quedó integrada por
tres subcomunidades: Frontera Corozal conformada por 601 comuneros
choles, Nueva Palestina con 931 comuneros tzetzales y la tercer subcomunidad
que incluye a las etnias Lacanjá Chasayab, Nahá y Metzabok con 66
comuneros lacandones., todas ellas pertenecientes a la Selva Lacandona que se
ubicada en el extremo oriental del Estado de Chiapas y es considerada una de
las regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México
(SEMARNAP, 1996) y junto con las Selvas húmedas de la Península de Yucatán y
del Petén Guatemalteco forman el macizo selvático continuo más grande de
Mesoamérica.
Un dato importante es que en 1875 esta selva tropical
tenía una superficie arbolada de aproximadamente 1,300,000 ha, de las cuales,
se deforestaron 584,178 ha, es decir el 45% de la superficie total arbolada en
un periodo de 107 años que va de 1875 a 1982. (Vázquez et al., 1992), esta
deforestación se debe dos factores determinantes, la extracción de madera y la
ganaderización, considerando que en el periodo de formación de las 1598
comunidades el proceso de deforestación fue mayor Muech (1982).
Los acuerdos entre
las autoridades y las tres etnias fue la división de la comunidad y de su
territorio entre estas tres subcomunidades, con lo que se les dio certidumbre a
los nuevos comuneros e intensificó el proceso de apropiación del territorio que
les asignaron, entendiendo la noción de territorio como: “la porción de la
naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad determinada
reivindica y garantiza a todos o parte de sus miembros derechos estables de
acceso, de control y de uso que recae sobre todos o parte de los recursos que
allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar”
(Godelier, 1989. p107).
Del concepto anterior podemos decir que la división y
subdivisión del territorio deben estar bajo la responsabilidad de las
instituciones locales para el manejo sustentable de recursos de uso común donde
siguiendo como reglas: “1) Límites claramente definidos; 2) congruencia entre
las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales; 3) acuerdos
de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados por las reglas
operativas pueden participar en su modificación; 4) supervisión; 5) sanciones
graduadas; 6) mecanismos para la resolución de conflictos; y, 7) reconocimiento
mínimo de derechos de organización” (Godelier, 1989:119)..
Para cumplir con
estas reglas los comuneros choles de Frontera Corozal establecieron un proceso
de apropiación social de su territorio, de acuerdo a su cultura, conocimientos
técnico-productivos y necesidades, desarrollando modalidades individuales de
apropiación a través de las parcelas que usufructúan los comuneros reconocidos
por la asamblea comunal y la legislación agraria mexicana; y modalidades
colectivas, que se reflejan en el aprovechamiento de recursos naturales en las
tierras de uso común, a cuyo acceso tienen derecho prácticamente todos los
habitantes de Frontera Corozal.
El reglamento interno
de la Comunidad Lacandona (aprobado por la Asamblea de la Comunidad
Lacandona el 15 de junio de 1992),
sintetiza las disposiciones de la Legislación Agraria (y otras leyes) y las reglas
internas que los comuneros han ido acordando en el proceso de apropiación de su
territorio, así mismo, define el marco normativo para la apropiación
territorial y el acceso a los recursos naturales.
La mayoría del territorio de la
comunidad y de la subcominidad de Frontera
Corozal (70% y 55% respectivamente) se encuentra
bajo decretos federales de siete áreas naturales protegidas (ANP) donde seis se
encuentran totalmente dentro del territorio de la comunidad Chol y tres dentro
del territorio de Frontera Corozal. Lo
implica la obligatoriedad de apegare a las leyes y normas del país.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 2o. donde se consagra que “La Nación
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas”, definiendo a las comunidades de un pueblo indígena como “ aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Las normas
que se que los pueblos indígenas tendrán una característica debe asegure la
unidad nacional y esta reconocido en las constituciones y leyes de las
entidades federativas.
En el
apartado II del mismo artículo se indica que es derecho “Aplicar sus propios
sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes”. En
el apartado V
“Conservar y
mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.
Por lo anterior los ciudadanos que
integran las distintas comunidades deberán acatar las leyes que emanan de la
Constitución, en este caso deberán atender lo referente a:
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA).- La Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se encuentra estructurada por
seis títulos que contienen 25 capítulos y 9 secciones, en 194 artículos y 4
artículos Transitorios.
Se puede decir que la Ley se
estructura alrededor de cuatro conceptos básicos: política ecológica, manejo de
recursos naturales, protección al ambiente y participación social, que se
fundamentan en el sistema de concurrencias, el sistema nacional de áreas
naturales protegidas y las medidas de control, de seguridad y el régimen de
sanciones.
La recolección de la llamada palmas
xate por los pobladores han comenzado a mermar, al punto de estar en riesgo de
extinción, aunado a el fenómeno conocido como El Niño.
Alrededor de esa especie, que no
rebasa los dos metros de altura y crece en selvas tropicales, se ha
desarrollado un modo de sustento para las zonas de Chan-Kín, Lacan-Tún,
Yaxchilán, que son áreas naturales protegidas por el Gobierno Federal además de
las zonas reservas comunales de Cojolita y La Cruz.
Con la finalidad de dar certeza a la
posesión de la tierra los gobiernos federal y estatal se comprometieron,
mediante un acuerdo público, a reconocer y regularizar la situación agraria,
sin embargo, ambas autoridades violaron los acuerdos y, por el contrario, las
autoridades, comenzaron a presionar a los habitantes para forzar su
reubicación. En caso de negarse, amenazaron con un desalojo violento hasta
iniciar las reubicaciones forzadas de algunas comunidades y en las que había
más resistencia, con lo que se violenta el precepto constitucional del Articulo
2, entrando en pleno conflicto entre el uso comunitario de un recurso natural y
las normas de conservación establecidas por estos decretos.
El reglamento interno vigente de la
Comunidad Lacandona establece las reglas en torno a los derechos sobre la
tierra de los comuneros de la comunidad Lacandona y de Frontera Corozal tales
como:
“Se asignará a cada comunero una
posesión individual para su aprovechamiento y usufructo, don una extensión
superficial de 50 ha, con acceso no mayor a 350 metros lineales de agua... Los
comuneros tienen derecho a escoger la ubicación de su posesión hasta en tres
sitios diferentes...” (Artículo 36, fracción I).
“Todos los comuneros tienen el derecho
por acuerdo de asamblea de posesionar a dos hijos en una superficie de 10 ha
cada uno...” (Artículo 37).
• “Todo comunero tiene derecho de
recibir gratuitamente como patrimonio familiar un solar de 2,500 m2 dentro de
la zona de urbanización...” (Artículo 42).
Las reglas inscritas en el reglamento
interno de la Comunidad Lacandona aplicables en Frontera Corozal respecto a la
regulación de los aprovechamientos forestales antes mencionados están:
·
El consejo de vigilancia tiene entre sus funciones
la autorización por escrito de permisos para el aprovechamiento de las maderas
muertas para uso doméstico (Artículo 9, Fracción XIII).
·
El aprovechamiento de los recursos forestales
no maderables como la palma xate, el comprador pagará un porcentaje (de acuerdo
al arancel fijado en el reglamento) por gruesa comercializada, por ser un
producto propiedad de la comunidad (Artículo 49).
·
Es obligación del comunero solicitar permiso
al poseedor de la parcela cuando requiera aprovechar los recursos forestales
existentes en ella para uso doméstico (Artículo 60).
·
Los comuneros deberán solicitar ante la
autoridad comunal el permiso para aprovechar los recursos forestales como
maderas muertas o vivas para uso doméstico (Artículo 63)
·
Se establecieron las siguientes áreas de
reserva forestal para uso doméstico (madera y leña) en Frontera Corozal
(Artículo 112): reserva urbana, zona Naité, zona La Cruz, Zona El Cartón y un
radio de 200 metros alrededor de los principales manantiales. En ellas está
prohibido establecer parcelas y áreas de milpa.
Independientemente de la problemática de salud y
medio ambiente tenemos otros que en un futuro pueden ser de mayor impacto y que
a continuación exponemos.
Dentro de la ciudad de México, no existe un lugar de
confinamiento de la basura como lo fue Santa Cruz Meyehualco, Santa Fe, San
Lorenzo Tezonco que le dieron servicio a la ciudad hasta hace dos o tres
décadas, lo mismo sucedió con el tiradero del Bordo Poniente que luego de más
de dos décadas de recibir la basura de los capitalinos, el Gobierno del
Distrito Federal anunció el 19 de diciembre de 2011 el cierre del tiradero, esto
implico para las autoridades capitalinas no tener un sitio donde depositar las
más de tres mil toneladas diarias de basura que causaron problemas con las
autoridades municipales y sus habitantes.
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